La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana anunciada por el ministro de Interior incluye un espectacular aumento de la cuantía de las sanciones por tenencia o consumo en lugares públicos de drogas ilícitas, cuyo importe mínimo pasa de 300 a 3.000 euros. La Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) considera que esta medida supone un nuevo paso en la criminalización de las personas usuarias de sustancias psicoactivas, especialmente de cannabis, dado que la inmensa mayoría de las 300.000 sanciones que se imponen al año son por la tenencia o consumo de esta planta.
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Es totalmente injustificable que el simple hecho de llevar un trozo de hachís en el bolsillo o de fumar un porro con los amigos en un parque se considere un atentado grave contra la seguridad ciudadana, pero es aún menos justificable incrementar un 1.000% el importe de las sanciones, en plena crisis y con millones de familias casi sin ingresos.
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No tenemos muchas dudas acerca de la intención que subyace a esta medida. El gobierno sabe que el uso de cannabis es una realidad social arraigada y que las medidas represivas no sirven para disuadir a estas alturas de un consumo que millones de personas consideran totalmente normal. Lo que se persigue no es otra cosa que aumentar la recaudación, ya que si se cobraran las 300.000 sanciones anuales a partir de 3.000 euros cada una, se recaudarían unos 1.000 millones de euros extra, que sin duda ayudarían a tapar el agujero de Bankia.
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El uso de cannabis por parte de personas adultas es una conducta absolutamente normal, legítima y aceptada con normalidad por la mayoría de la población, y no se justifica que se mantenga en vigor una norma, nacida en plena histeria colectiva por la extensión de la heroína en las calles y por el abandono de jeringuillas, para tratar como delincuentes e imponer sanciones claramente desproporcionadas y abusivas a personas que no causan ningún daño a sus conciudadanos.
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El consumo y tenencia de drogas ilícitas está claramente despenalizado en la jurisprudencia española, pero los diferentes gobiernos se han negado hasta el momento a regular, tal y como como sucede en cada vez más países europeos y del resto del mundo, las cantidades que se pueden almacenar, cultivar o llevar encima con destino al uso personal. Esto provoca una enorme inseguridad jurídica y un gigantesco gasto represivo que, curiosamente, no parece sufrir los recortes con la misma intensidad que el resto del gasto público.
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Reclamamos que de una vez se regulen la tenencia, cultivo y consumo de cannabis y de otras sustancias psicoactivas, dejando de perseguirlos, sea por vía penal o administrativa. Rechazamos que se use la Ley de Seguridad Ciudadana para imponer un impuesto de facto a las personas consumidoras de sustancias consideradas ilícitas sin reconocerles a cambio ningún derecho. Asimismo, denunciamos el giro represivo que se pretende dar a dicha ley con el fin de disuadir a quienes intenten protestar por la crisis y por las numerosas injusticias presentes en nuestra sociedad.
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