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Compartimos esta campaña impulsada por la asociación civil Intercambios, para promover el debate sobre el cambio en políticas de drogas en Argentina. Es una propuesta interesante que resume muy bién los puntos que hay que tomar en cuenta al debatir estas políticas:
Comienza la campaña “15 Ideas por una nueva ley de drogas”, impulsada por la asociación civil Intercambios, con el apoyo del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS), la Cruz Roja Argentina, la Fundación Huésped y Madres contra el Paco-Lomas, entre otras organizaciones e instituciones. La iniciativa -que se desarrollará en las redes sociales, medios de comunicación y entre diputados y senadores- busca promover el debate sobre temas clave en la reforma de la ley de estupefacientes 23.737.
(Buenos Aires, 14 de mayo de 2012) Con el objetivo de que el debate sobre la nueva ley de drogas alcance a toda la sociedad, se lanza este martes la campaña “15 Ideas por una nueva ley de drogas”. Esta acción, impulsada por la asociación civil Intercambios, se desarrollará hasta el próximo 7 de junio en redes sociales, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y legisladores nacionales.
La campaña tiene como fin promover la difusión de una serie de propuestas en temas clave como despenalización del consumo personal y el autocultivo, atención integral a los usuarios de drogas y sanciones diferenciadas para los distintos eslabones del tráfico. Es necesario que estos puntos se incorporen al debate de las políticas de drogas de cara a la reforma de la ley de estupefacientes 23.737. El texto completo de las 15 Ideas se puede consultar en http://www.intercambios.org.ar/wp-content/uploads/2012/05/15-Ideas-versión-completa.pdf y la síntesis en http://www.intercambios.org.ar/wp-content/uploads/2012/05/Intercambios-15ideas.pdf.
Al momento del lanzamiento, ya adhirieron a la propuesta el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro Nueva Tierra, Cruz Roja Argentina, Defensoría General de La Nación, Fundación Huésped, Madres contra el Paco – Lomas de Zamora, Procuración Penitenciaria de la Nación y la Sociedad Argentina de Medicina Antropológica. Está abierta la adhesión a todas las instituciones y organizaciones que se sientan involucradas y comprometidas con la búsqueda de soluciones a los problemas relacionados con las drogas.
Con el lema “Nueva ley de drogas. Yo apoyo”, la imagen de la campaña es una esfera de diversas puntas de colores, a modo de globos de voces que circulan en el debate. La invitación a participar en las redes sociales es desde el llamado a “Sumate. Cambiemos” como propuesta a conocer, difundir y animarse a promover una ley de drogas que tenga en cuenta a los usuarios como sujetos de derechos y coloque en primer lugar al debate sobre los modelos de atención de la salud.
Las15 ideas están organizadas en tres grandes grupos (despenalización, tráfico y salud) cuya difusión se acompañará de comunicados de prensa, mensajes animados por correo electrónico con información clave y actualización de la web de Intercambios y facebook de la Campaña.
Para esto la campaña combina los siguientes elementos:
DOCUMENTO CON 15 IDEAS. Existe una versión breve, que sintetiza en una página las propuestas, y una más extensa que aborda cada punto en profundidad.
TWITTERAZO 150 mensajes en 15 días: #15ideasLeyDrogas es el hashtag (cadena de caracteres que marcan un tema en común) de la campaña por Twitter que se inicia mañana, desde @Intercambios_AC. Cada día está destinado a una idea y, al menos, se generarán diez mensajes asociados a esa idea.
ADHESIONES INSTITUCIONALES. Se proponer a las instituciones, organizaciones sociales, de derechos humanos, especializadas en el tema drogas, colectivos profesionales y grupos de activistas a adherir a las 15 ideas con su firma y la colocación del banner a su web, imagen de la campaña en Twitter y en Facebook.
INCIDENCIA POLÍTICA EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN. Difusión de una carpeta con las 15 Ideas por una nueva ley de drogas a todos los diputados/as y senadores.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS 15 IDEAS. En la web de Intercambios y en el Facebook de la CAMPAÑA se cuenta con más información sobre los tres temas que nuclean las 15 ideas, documentos validados científicamente, links a videos y audios. Disponible desde el 15 de mayo.
X CONFERENCIA NACIONAL SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS. El temario de la Conferencia de este año en el Senado de la Nación, a realizarse el jueves 7 de Junio, se centra en las 15 Ideas por una nueva ley de drogas.
1.-Despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. El uso de drogas es un acto privado y tener drogas para el propio consumo no debe ser delito.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la norma que sanciona penalmente la tenencia de estupefacientes para consumo personal por ser incompatible con el principio de reserva contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Cuando se trata de tenencia para uso personal, no debe detenerse a una persona, ni iniciarse proceso administrativo o penal alguno. La ley penal no puede confundir a los usuarios de drogas con los diferentes eslabones de la producción y/o tráfico de drogas.
2.-Eliminar las medidas de seguridad educativa y curativa de la Ley de Estupefacientes. La educación y la salud son derechos y no pueden convertirse en castigo aplicado por la Justicia penal.
Las personas que usan drogas no deben ser objeto de sanciones por ello. Debe garantizarse la educación y la atención de los problemas relacionados con el consumo de drogas en el ámbito de las políticas públicas sociales, sanitarias y educativas.
3.-Despenalizar el cultivo para consumo personal. El cultivo doméstico y las iniciativas reguladas de asociaciones de cultivadores de cannabis son una forma de evitar la cadena de tráfico y delito.
El cultivo para el propio consumo no debe ser delito. La ley penal no puede confundir a quienes cultivan plantas para su uso personal con los diferentes eslabones de la producción y/o tráfico de drogas.
4.-Precisar las figuras de “tenencia simple” y/o “tenencia con fines de comercialización”. Es necesario especificar parámetros sobre circunstancias, conexiones con redes de producción y tráfico y otras evidencias.
La utilización de figuras de “tenencia” para perseguir conductas de tráfico, sin mayores requisitos, puede ocasionar la persecución de conductas vinculadas a los usuarios. A tal punto que a veces deben probar que su conducta no está vinculada al tráfico, invirtiendo la carga de la prueba. La experiencia internacional indica que especificar dosis para establecer la figura penal de “tenencia simple” puede resultar inconveniente o engañoso. Es necesario que la tenencia simple se configure con parámetros probatorios que abarquen la complejidad del tema. Actualmente la ley de estupefacientes habilita márgenes amplios de discrecionalidad en las detenciones policiales. Estas detenciones, en muchos casos, dan lugar a situaciones de violencia que implican graves violaciones de los derechos humanos.
5.- Atenuar la escala penal para los pequeños actores de la cadena del tráfico. Los eslabones más bajos suelen ser personas muy pobres que reciben castigos como si fueran parte del crimen organizado.
La evaluación para la definición de la pena debe basarse en la pregunta: ¿Cuál es la función de esa persona en la estructura del crimen organizado? ¿Es lo mismo un joven, pobre y desocupado, que hace delivery de sustancias a casas de clase media desde un barrio humilde que aquellos funcionarios públicos cómplices del tráfico en gran escala? Es necesario atenuar la escala penal para los pequeños actores del tráfico en situaciones de vulnerabilidad que en la actualidad va de 4 a 15 años de prisión (Ley 23.737, Art. 5) y fijar una proporcionalidad de las penas, según el nivel de compromiso en el negocio.
6.- Modificar el Código Aduanero para atenuar la escala penal por contrabando a las llamadas “mulas”.
Una persona que transporta una pequeña cantidad por la frontera puede ser condenada hoy a 16 años deprisión.
El artículo 866, segundo párrafo del Código Aduanero, es aplicado en la actualidad sin tener en cuenta el nivel de involucramiento real en la estructura del tráfico de drogas de las personas que hacen de “mulas” (generalmente mujeres pobres, jefas de hogar y migrantes), que por transportar a través de la frontera cantidades mínimas son sancionadas por el delito de contrabando con penas que van de 4 años y 6 meses a 16 años de prisión.
7.- Mantener despenalizados la tenencia y el uso de la hoja de coca en su estado natural. Estas conductas no son delito en la Argentina y este posicionamiento respetuoso de los usos culturales debe continuar.
La tenencia y el consumo de hojas de coca forman parte de las prácticas culturales ancestrales de parte de la población del país, que especialmente en el Norte las destina al coqueo, masticación e infusiones. Cambiar esta definición sería vulnerar los derechos a la práctica de la propia cultura de parte de los ciudadanos del país. La comercialización de la hoja de coca para estos fines tampoco debería estar alcanzada por la ley penal.
8.- Crear un Programa Nacional de Atención Integral para Usuarios de Drogas. Se debe garantizar el acceso universal a servicios de prevención, tratamiento, rehabilitación, reducción de daños e integración social.
Es imprescindible que un Programa Nacional de Atención Integral para Usuarios de Drogas cuente con el presupuesto y los recursos humanos necesarios para estructurar una red de servicios variados que atiendan problemas diferenciados (prevención universal y selectiva, dispositivos de bajos requerimientos o bajo umbral, atención en crisis, asistencia ambulatoria, centros de desintoxicación, centros de día, comunidades terapéuticas, servicios de soporte social, educativo y laboral). Esta red de servicios tiene que integrar y coordinar recursos con diferente dependencia administrativa y del sector público y privado, y promover la atención de los usuarios de drogas en todos los niveles del sistema público de salud (hospitales generales, centros de salud y unidades sanitarias). Es imperioso apoyar la creación y expansión de servicios hoy inexistentes o insuficientes, priorizando aquéllos destinados específicamente a mujeres y a niñas, niños y adolescentes.
9.- Priorizar los tratamientos ambulatorios y los distintos dispositivos alternativos a la internación. La atención a los usuarios de drogas debe realizarse en consonancia con la ley de Salud Mental 26.657.
Tal como indica la ley 26.657, la internación “sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables (…) Debe promoverse el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social” (art. 14) y “debe ser lo más breve posible” (art. 15).
10. Asegurar que los dispositivos de atención a usuarios de drogas estén basados en fundamentos científicos y ajustados a principios éticos (Ley 26.657, Art. 7 c). Los servicios deben evitar la discriminación y favorecer el acceso a los tratamientos de comprobada eficacia.
El Estado tiene la obligación de velar por el cumplimiento, por parte de los dispositivos de atención a usuarios de drogas, de los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, establecidos en la Observación general Nº 14: El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
11.- Incluir las estrategias de reducción de daños en las políticas de atención integral a usuarios de drogas. Es necesario asegurar la diversidad y amplia gama de servicios de atención.
Las estrategias de reducción de daños tienen por objeto mejorar la calidad de vida de las personas que usan drogas, reduciendo los riesgos para la salud individual y colectiva. Han probado su eficacia en abordar a los usuarios de drogas más vulnerabilizados y en la prevención de problemas asociados al uso de drogas con aquellas personas que continúan con su consumo. Incluyen acciones territoriales focalizadas que posibilitan la toma de contacto y promueven el acercamiento progresivo a los servicios de salud, por lo que deberían constituir los primeros eslabones de una red integral de atención.
12.-Respetar el derecho de toda persona que usa drogas a elegir el momento y el tipo de dispositivo de atención. No deben ser obligadas a iniciar, suspender o aceptar un determinado tratamiento.
El consentimiento informado debe comunicar claramente las alternativas y condiciones de los tratamientos. La atención debe basarse en el principio bioético de autonomía de las personas. La internación involuntaria sólo debe ocurrir en casos excepcionales y con intervención de la justicia civil y de los órganos de revisión establecidos. En el caso de las niñas y niños deberá prestarse especial atención para que las políticas públicas sanitarias y de infancia garanticen su atención en base al respeto de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y Niñas, velando por su bienestar, protección y su crecimiento como personas independientes.
13.- Facilitar el acceso irrestricto a la atención de la salud de las personas privadas de libertad con consumo problemático de drogas. El acceso debe ser a servicios similares a los disponibles en su comunidad.
En ningún caso su situación procesal puede usarse como argumento para impedir el inicio o continuidad del tratamiento.
14.- Fortalecer los mecanismos de control estatal de los servicios destinados a usuarios de drogas.
Es responsabilidad del Estado garantizar la calidad de los tratamientos y el respeto de la dignidad de las persona satendidas.
Es necesario implementar un sistema coordinado de registro, supervisión y control de los servicios públicos y privados destinados a usuarios de drogas, en acuerdo con los estándares y normativas en la materia. Esta responsabilidad del Estado debe alcanzar a todas las iniciativas, aún aquéllas que se encuentren fuera de una red integrada de servicios.
15.- Formalizar mecanismos de participación social en el diseño de políticas y programas de atención. Es necesario involucrar a la sociedad civil, la academia y los usuarios de drogas.
Se requiere implementar espacios multi sectoriales entre distintas áreas del gobierno con la participación de actores diversos a los fines de generar mecanismos sistemáticos y transparentes para la formulación de las políticas públicas destinadas a los problemas asociados con las drogas.
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Graciela Touzé, investigadora UBA y presidenta Intercambios
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Articulo original: Intercambios
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