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Más de cuatro millones de personas son usuarias de cannabis en el estado español y cuatro millones más son eventualmente usuarias. En total hablamos de 8 millones de personas en nuestro territorio que son una gran minoría que sufre inseguridad jurídica, con el agravio de que una parte de estas personas utilizan el cannabis para paliar los síntomas de sus patologías y mejorar su calidad de vida, negándoles el derecho a elegir el cannabis como remedio natural de primera elección, ya reconocido por instituciones como la “International Association for Cannabinoid Medicines”, IACM siguiendo los estudios que se realizan en la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides, SEIC. Por suerte muchos de estos usuarios, lúdicos o terapéuticos, llevan creando asociaciones mas de 20 años, hoy en día ya son más de doscientas en todo el estado e incluso existen seis federaciones regionales y una estatal para vertebrar este movimiento social.
En los últimos años vemos como aumentan las multas por tenencia en la vía pública, personas que por transportar cannabis para su propio consumo, son registradas bajo criterios arbitrarios, acosados y perseguidos como si fueran delincuentes. Hablando claro, por una pequeña cantidad de hachís par el autoconsumo en el bolsillo son sancionados con un mínimo de 300€ de multa, cuando la misma ley sanciona de igual manera actos más reprobables que llevar una china de hachís en el bolsillo, como amenazar a otra persona con un cuchillo o venderle bebidas alcohólicas a un menor. Nos parece gravísimo que no se haya estipulado una tenencia lícita de cannabis tanto en casa como en la vía publica y exigimos un cambio en esta ley urgentemente, la realidad social ha superado a esta ley anacrónica, realizada para contener el consumo de heroína en los años ochenta, pero que se aplica a los usuarios de cannabis creando más problemas que el consumo de la propia sustancia.
Muchas personas deciden auto-cultivar para evitar así los problemas inherentes al mercado negro, tales como el contacto con las mafias, la adulteración del producto o los problemas legales, pero esta práctica esta basada en una doctrina jurídica que no esta traducida en una ley que tipifique que cantidades son legales plantar. De nuevo los usuarios se ven abocados a una inseguridad jurídica, en la que depende del policía de servicio, esto se traduce en intervenciones a auto-cultivadores que no cometen ningún delito a los cuales se les cortan las plantas, infringiéndoles un daño irreparable como tener en tu casa a varios policías violando la intimidad de una familia.
Lo insostenible de esta situación se escenifica cuando hablamos de números, cannabis anticrisis legamos a escuchar, y es que estos cortes de plantas en su mayoría no tienen consecuencias penales, en cada actuación destinamos de una a dos patrullas policiales para el corte de plantas, muchas más a la investigación y detección de estas, a un juez instructor y a una maquinaria de análisis de la sustancia, que en todo caso estimamos, ya que la administración no facilita estos datos, un coste por intervención de unos 3.000€. Teniendo en cuenta que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han practicado 319.474 denuncias y que un 10% sean por intervenciones a auto-cultivadores que no cometían ningún delito, el coste para el heraldo publico fue el año pasado por esta causa de 96 millones de euros.
Ya en el año 2007 la UE a través del informe Reuteurs, reconocía que la prohibición generaba más problemas que las propias drogas, e instaba a los países miembros a estudiar políticas más flexibles entorno al cannabis. Recientemente se publicó el informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas, con varios expresidentes de estados como Mexico, Colombia, Brasil y de la que también forman parte Kofi Annan, Javier Solana o Mario Vargas Llosa, que insta a los estados a estudiar alternativas a la prohibición del cannabis, e intentar así mejorar nuestra sociedad. Los usuarios de cannabis y las asociaciones cannábicas proponen alternativas viables al mercado negro, así como propuestas constructivas para evitar el gasto desmesurado de las instituciones, la criminalización de los usuarios y la inseguridad jurídica que sufren. Que se tipifique el auto-cultivo personal o colectivo como cultivo lícito, que se tipifique tenencia legal la posesión de 60gr de cannabis en la vía publica y que se regulen las actividades de las asociaciones cannábicas, sobre este último paso queremos felicitar al parlamento Vasco por su valentía en la creación de una comisión que estudiara de que manera podrían regularse. Queda mucho camino aún, pero la manera de lograr todo esto es conseguir un cambio en las políticas de drogas con el fin de que estas sean más justas y eficaces.
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