LA CONFAC EN LA 61 SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUPEFACIENTES

La pasada semana se celebró en la sede de Naciones Unidas de Viena la 61 sesión de la CND (Comisión Narcotics Drugs). Allí, tuve el privilegio de representar a la ConFAC y a su Comisión Jurídica ante los distintos estados que forman las Naciones Unidas así como tener diferentes reuniones con distintas organizaciones no gubernamentales que promueven una política de drogas más justa, eficaz y respetuosa con los derechos humanos.

Sobre todo destacar el trato recibido por los representantes de organizaciones de nuestro país como Energy Control o Iceers, así como por la representante española de ENCOD, Ana Afuera. Además, también tuve la oportunidad de reunirme con personalidades de otros países que luchan por un cambio en las políticas de drogas, como Zara Snapp de México, Tom Blickman o Martin Jelsma del TNI, y la gente del IDPC, entre otros.

Como conclusión positiva de la experiencia me quedaría con que efectivamente parce que está sucediendo un cambio en cuanto a la dirección de estas políticas. El vocabulario empleado por los mandatarios ya no solo se basa en el control de la oferta y la demanda y la lucha contra el crimen organizado, sino en el tratamiento de los drogodependientes y en la reducción de daños. Aunque estos temas son realmente tenidos en cuenta en los eventos paralelos que organizan las diferentes organizaciones de la sociedad civil. Según me contaron, los eventos con esta temática no tenían lugar hace diez años.

Otra de las conclusiones positivas es que el modelo de CSC español es considerado y tenido muy en cuenta por muchas de estas personas de otros países que como nosotros, luchan por una sociedad que no criminalice el uso de sustancias. Es decir, nos ven como pioneros de un movimiento de descriminalización y reducción de daños impulsado desde abajo, es decir: por los usuarios. Al igual que reconocen y se fascinan por el trabajo de Energy Control como unos de los pioneros del “drug checking” (análisis de sustancias)

Teniendo esto en cuenta, también quiero exponer mi conclusión negativa: considero que España debería de posicionarse de manera firme en el eje que presiona para un cambio de estas políticas y que lo forman Suiza, Canadá y algunos países de América del Sur como Colombia o Uruguay. La sociedad española, en su mayoría, está exigiendo un cambio en el tratamiento de estas políticas sobre todo en cuanto a la regulación del acceso al cannabis. Por lo tanto, ese cambio en la consciencia de la población, se debería ver reflejado en el discurso de los representantes del Gobierno que discuten sobre la política global sobre drogas.

También me gustaría señalar que el modelo de consenso establecido por las Naciones Unidas viene bien para aquellos países que se sitúan en la cola en relación al respeto de los derechos humanos, como por ejemplo Filipinas o Irán. Sin embargo, este modelo dificulta y limita los cambios que quieren ser impulsados por los gobiernos de países cuya población ha desarrollado otra visión o consciencia en lo que se refiere al uso de determinadas sustancias. Por lo tanto, creo que el cambio tiene que venir desde abajo, de manera local e impulsado por la sociedad civil a la que pertenecemos, de una manera responsable y respetuosa con los derechos humanos, para que una vez consolidado y normalizado a nivel local, sea reconocido por los gobiernos, cuya misión es la de gestionar de la mejor manera posible la voluntad popular. Así como más tarde ser reconocido por los demás países que forman el eje progresista y pueda servir de modelo para los países que por determinadas circunstancias históricas y culturales se encuentran por detrás en cuanto a la protección de los derechos humanos.

Francisco Azorín Ortega (Abogado del Estudio Jurídico Brotsanbert y Asesor de la ConFAC).

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